Los jóvenes, alumnos de magisterio de una humilde escuela rural del sureño estado de Guerrero, uno de los más violentos y pobres del país, fueron baleados por policías el 26 de setiembre en la ciudad de Iguala cuando protestaban con una toma de autobuses, y entregados a sicarios en un caso que involucró al ex alcalde de la ciudad.
Tres de ellos murieron en el ataque.
El fiscal federal, Jesús Murillo, mostró el viernes videos con testimonios de los detenidos la semana pasada, que integran un grupo de delincuencia organizada conocido como Guerreros Unidos. Dijeron que ellos se encargaron de llevarse a decenas de personas, algunas de las cuales murieron asfixiadas.
Luego relataron cómo arrojaron los cuerpos a un basurero e hicieron una gran hoguera con llantas, madera y gasolina en un proceso que duró desde la madrugada del 27 de setiembre hasta la tarde de ese día. "Las confesiones que hemos recabado, aunadas con el resto de las investigaciones realizadas, apuntan muy lamentablemente al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula", dijo Murillo refiriéndose al municipio vecino a Iguala.
Parte de los restos fueron triturados y arrojados a un río, según los testimonios de los detenidos. "Los tres capturados son miembros de Guerreros Unidos y en su declaración confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron las policías municipales de Iguala y Cocula", añadió el fiscal en una accidentada conferencia de prensa.
Uno de los detenidos, identificado como Agustín García Reyes, dijo en el video presentado por la fiscalía que las víctimas fueron interrogadas sobre quiénes eran y respondieron que eran estudiantes.
¿Desaparecidos?
Los restos calcinados fueron hallados por los investigadores y serán sometidos a pruebas de identificación en Austria.
Hasta que ese proceso no concluya los estudiantes siguen siendo considerados como desaparecidos, dijo Murillo.
Las cenizas de los jóvenes fueron metidas en bolsas y tiradas a un río. Una de las bolsas se encontró cerrada y sus restos van a ser analizados en una universidad de Austria, aunque la identificación tardará mucho tiempo por su estado de calcinación.
Según las investigaciones, los jóvenes fueron secuestrados por policías municipales bajo órdenes del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, para impedir que los muchachos irrumpieran en un acto público de su esposa, que aspiraba a sucederlo en la alcaldía.
Abarca, destituido después de los hechos, y su mujer, María de los Ángeles Pineda, fueron capturados el martes en un barrio humilde de la Ciudad de México tras semanas de ser perseguidos por las autoridades. Se sospecha que son operadores de Guerreros Unidos.
Poco después de conocerse los testimonios de los detenidos, el presidente Peña Nieto dijo que estaba dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias para hacer justicia en el caso que desnudó la profunda infiltración del crimen organizado entre las autoridades.
"El Gobierno de la República mantendrá los esfuerzos para el total esclarecimiento de los hechos. No basta con la captura de los autores intelectuales, detendremos a todos los que participaron en estos crímenes abominables", dijo el mandatario en un acto público frente a empresarios.
"No están muertos"
Murillo dijo que hasta la fecha hay 74 detenidos por el caso de los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, un suceso que ha desatado protestas de decenas de miles de personas dentro y fuera de México pidiendo que los estudiantes aparezcan con vida y que los responsables reciban castigo.
Algunos familiares de los jóvenes rechazan aceptar que sus hijos estén muertos y criticaron al fiscal por dar información sin pruebas y a Peña por no suspender un viaje a la reunión de líderes de APEC ni una visita de Estado a China a partir de este fin de semana. "Mientras no haya pruebas, nuestros hijos están vivos", dijo Felipe de la Cruz, padre de uno de los estudiantes.
Los padres denunciaron que Peña Nieto no ha cumplido su petición de que intervenga un equipo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), ni tampoco el resto de los diez puntos que acordaron con él en una reunión la pasada semana.
"Estamos luchando por la verdad. Esa verdad tiene que ser a través del resultado de un estudio científico para la identificación de los cuerpos, no puede ser solamente el testimonio de los detenidos porque eso sería una irresponsabilidad de la Procuraduría y el Gobierno federal", dijo otro de los padres.
México lleva años de luchar contra la delincuencia organizada, sobre todo desde que el ex presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó a poco de asumir el poder una campaña frontal con decenas de militares y policías.
Pero su estrategia llevó a un fraccionamiento de los cárteles, un efecto que empujó al país a una espiral de violencia y llevó a los narcotraficantes a incursionar también en el secuestro, la extorsión y el tráfico de personas.
Más de 100,000 personas han muerto desde finales del 2006, muchas de ellas en masacres de cientos de personas.
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