La comisión multipartidaria concluyó además que el ex mandatario transgredió los artículos 8, 39, 43, 44, 45 y 118 de la Constitución al haberse encontrado indicios razonables de su participación en el otorgamiento desmesurado de indultos y gracias presidenciales aprovechando el cargo de Jefe del Estado.
De la información se desprenden nueve conclusiones. En estas se ha podido establecer un alto índice de conmutados por delito de tráfico ilícito de drogas, siendo lo ordinario el otorgamiento de beneficios penitenciarios, por lo que, aseguran, se atentó contra el carácter excepcional de este.
Para ello, refieren, se recurrió a la modificación del Reglamento de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales, entonces presidido por Miguel Facundo Chinguel, con el propósito de flexibilizar los requisitos y las exigencias procesales para beneficiar a los sentenciados por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas (TID).
Prueba de ello es que entre 2006 y 2011 se otorgaron 5.246 conmutaciones de penas, de las cuales 3.207 fueron a condenados por tráfico ilícito de drogas, incluyendo a 400 sentenciados por TID en su forma agravada. Asimismo, refieren que se otorgaron 1.628 conmutaciones de pena por delito de robo agravado y 180 por delito de hurto agravado.
Una de las modificaciones que figuran en el informe es que a Chinguel se le otorgó la facultad de recibir todas las solicitudes de los sentenciados y seleccionar cuáles merecían seguir el trámite correspondiente y cuáles no, con lo que la decisión de priorizar algunas solicitudes quedaba a su disposición.
Por lo tanto, el informe revela que se redujo la pena de organizaciones o grupos familiares completos, "con lo cual se habría instaurado un sistema judicial paralelo" que desconoció lo realizado por la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial para perseguir y sancionar el delito. Esto a su vez permitió la liberación de cabecillas de bandas de narcos.
Al igual que a García Pérez, la megacomisión recomienda denunciar por infracción constitucional a los entonces ministros de Justicia Aurelio Pastor y Rosario Fernández, ya que refrendaron las resoluciones que dejaron en libertad a más de tres mil sentenciados por TID.
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